En una victoria histórica para los derechos de privacidad de los consumidores, Google ha aceptado pagar 1.375 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, por supuestas prácticas ilegales de recopilación de datos.
El acuerdo, anunciado el 9 de mayo de 2025, resuelve dos demandas interpuestas en 2022 que acusaban al gigante tecnológico de rastrear ilegalmente la ubicación de los usuarios incluso cuando estos habían desactivado los ajustes de localización, recopilar datos biométricos sin el consentimiento adecuado y engañar a los usuarios sobre las protecciones de privacidad ofrecidas por el modo incógnito de Chrome.
"Durante años, Google rastreó en secreto los movimientos de las personas, sus búsquedas privadas e incluso sus huellas de voz y geometría facial a través de sus productos y servicios", declaró Paxton en un comunicado. "Este acuerdo de 1.375 millones de dólares es una gran victoria para la privacidad de los texanos y envía un mensaje claro a las empresas: pagarán por abusar de nuestra confianza".
Las demandas alegaban que Google violó la Ley de Captura o Uso de Identificadores Biométricos de Texas al recopilar millones de identificadores biométricos, incluyendo geometría facial y huellas de voz, a través de servicios como Google Fotos, Google Assistant y Nest Hub Max sin obtener el consentimiento informado de los usuarios.
El portavoz de Google, José Castañeda, afirmó que la compañía no ha admitido ninguna irregularidad ni responsabilidad en el acuerdo. "Esto resuelve una serie de reclamaciones antiguas, muchas de las cuales ya se han resuelto en otros lugares, sobre políticas de productos que hace tiempo que hemos cambiado", declaró Castañeda. El acuerdo no obliga a Google a realizar cambios nuevos en sus productos o prácticas de privacidad.
La indemnización de 1.375 millones de dólares supera con creces acuerdos anteriores sobre privacidad con Google, incluido uno de 391 millones alcanzado por una coalición de 40 estados y otro de 93 millones con California. Llega casi 10 meses después de que Texas lograra un acuerdo similar de 1.400 millones de dólares con Meta por la supuesta recopilación y uso no autorizados de datos de reconocimiento facial.
A medida que las empresas tecnológicas se enfrentan a un escrutinio regulatorio cada vez mayor sobre sus prácticas de recopilación de datos, este acuerdo marca un momento significativo en la lucha continua por los derechos de privacidad digital y señala que los estados están adoptando un enfoque más agresivo en la aplicación de las leyes de protección al consumidor frente a las grandes tecnológicas.