Las principales empresas tecnológicas están llevando a cabo una intensa campaña de presión para evitar que los estados regulen la inteligencia artificial durante la próxima década, lo que ha provocado un debate transversal y ha suscitado preocupaciones sobre la protección de los consumidores.
La controvertida disposición, incluida en la versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley presupuestaria "One Big, Beautiful" del presidente Donald Trump, aprobada en mayo, prohibiría a los estados aplicar "cualquier ley o regulación que regule modelos de inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial o sistemas de decisión automatizada" durante 10 años. Los lobbies de la industria tecnológica que representan a Amazon, Google, Microsoft y Meta han estado presionando a los senadores para que mantengan esta moratoria en la versión del Senado.
Sin embargo, el Comité de Comercio del Senado ha adoptado un enfoque diferente en su versión publicada a principios de junio. En lugar de una prohibición total, el texto del Senado condiciona la capacidad de los estados para recibir fondos de una partida de 500 millones de dólares destinada a infraestructuras de IA a que pausen las regulaciones sobre inteligencia artificial hasta 2035, con ciertas excepciones.
La propuesta ha generado alineamientos políticos poco habituales, con oposición tanto de demócratas progresistas como de republicanos conservadores. El senador Josh Hawley (republicano por Misuri), la senadora Marsha Blackburn (republicana por Tennessee) y la representante Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia) han expresado su preocupación por la disposición.
"No tenemos ni idea de lo que la IA será capaz de hacer en los próximos 10 años y darle vía libre atando de manos a los estados es potencialmente peligroso", publicó Greene en redes sociales tras votar inicialmente a favor del proyecto de la Cámara sin darse cuenta de que incluía esta disposición.
Los críticos, entre los que se encuentra una coalición de 140 organizaciones y 260 legisladores estatales de los 50 estados, sostienen que la moratoria protegería a las empresas tecnológicas de rendir cuentas por sistemas de IA dañinos. Señalan leyes estatales existentes que ya protegen a los consumidores de daños relacionados con la IA, como estafas con deepfakes, discriminación algorítmica y pérdida de empleo.
Los defensores, como el senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte), argumentan que un mosaico de regulaciones estatales obstaculizaría la innovación estadounidense en la carrera global por la IA. "No queremos que el país número uno en innovación en el mundo se quede atrás en inteligencia artificial", afirmó Tillis.
El destino de la disposición sigue siendo incierto mientras el Senado continúa debatiendo el proyecto de ley presupuestaria, con obstáculos procedimentales que podrían impedir su inclusión. Según las normas del Senado, las disposiciones en los proyectos de reconciliación presupuestaria deben estar directamente relacionadas con cuestiones presupuestarias, lo que podría descalificar la prohibición sobre la regulación de la IA.