En un avance significativo para la gobernanza de la inteligencia artificial en Estados Unidos, Texas se ha posicionado como líder en la regulación estatal de la IA con la aprobación de la Ley de Gobernanza Responsable de la Inteligencia Artificial de Texas (TRAIGA).
Firmada por el gobernador Greg Abbott el 22 de junio de 2025, TRAIGA establece un marco equilibrado que aborda tanto el uso gubernamental como el del sector privado de la tecnología de IA. La legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2026, convirtiendo a Texas en el segundo estado, después de Colorado, en promulgar una ley integral sobre IA.
TRAIGA prohíbe el desarrollo o despliegue de sistemas de IA diseñados para manipular el comportamiento humano, discriminar ilegalmente a clases protegidas o vulnerar derechos constitucionales. Para las entidades gubernamentales, la ley exige requisitos de transparencia, incluyendo la obligación de informar claramente a los consumidores cuando estén interactuando con sistemas de IA.
Una de las principales innovaciones del enfoque texano es la creación de un programa de espacio de pruebas regulatorio (regulatory sandbox) que permite a los desarrolladores probar nuevos sistemas de IA en un entorno controlado, con exenciones temporales de ciertas normativas estatales. Esta disposición busca fomentar la innovación manteniendo la supervisión pública. Los participantes deberán presentar informes trimestrales sobre el rendimiento del sistema, las medidas de mitigación de riesgos y las opiniones de las partes interesadas.
La ley también establece el Consejo de Inteligencia Artificial de Texas, un órgano asesor de siete miembros adscrito al Departamento de Recursos de Información del estado. Este consejo supervisará el uso de la IA en el gobierno estatal, identificará prácticas perjudiciales, recomendará actualizaciones legislativas y señalará normativas que puedan estar afectando a la innovación.
La autoridad para hacer cumplir la ley recae exclusivamente en el Fiscal General de Texas, quien podrá imponer sanciones civiles que oscilan entre 10.000 y 200.000 dólares por infracción, además de multas diarias adicionales por incumplimientos continuados. La ley prevé un periodo de preaviso y subsanación de 60 días para los infractores y ofrece protección legal a las organizaciones que cumplan sustancialmente con marcos reconocidos de gestión de riesgos en IA.
Cabe destacar que el enfoque de TRAIGA en la mitigación de sesgos se centra en prohibir la discriminación intencionada, en lugar de abordar el impacto dispar. La ley establece explícitamente que el impacto dispar por sí solo no puede considerarse prueba de intención discriminatoria.
Mientras los legisladores federales siguen debatiendo una regulación nacional de la IA, el enfoque integral de Texas podría servir de modelo para otros estados e influir potencialmente en el desarrollo de estándares federales en este campo en rápida evolución.