La administración del presidente Donald Trump presentó el 23 de julio su esperado Plan de Acción sobre IA, que detalla más de 90 medidas federales destinadas a consolidar la posición de Estados Unidos como líder mundial en tecnología de inteligencia artificial.
El plan se articula en torno a tres pilares clave: acelerar la innovación, construir infraestructuras estadounidenses de IA y liderar en diplomacia y seguridad internacional. Altos cargos de la Casa Blanca, incluido el responsable de IA David Sacks, subrayaron que ganar la carrera global de la IA es "innegociable" para mantener las ventajas económicas y de seguridad nacional de Estados Unidos.
Uno de los elementos más destacados del plan es la reducción de barreras regulatorias. La administración ya ha revertido restricciones previas a la exportación de chips de IA, permitiendo recientemente a Nvidia reanudar la venta de sus chips H20 a China. Esta decisión se produjo tras una reunión entre el CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el presidente Trump, y la compañía estima que perdió miles de millones en ingresos potenciales durante el periodo de restricciones.
El plan también recomienda que los grandes modelos de lenguaje adquiridos por el gobierno federal sean "objetivos y libres de sesgo ideológico impuesto desde arriba", reflejando la preocupación de la administración por las supuestas inclinaciones políticas de los sistemas de IA. Además, aboga por agilizar los permisos para centros de datos y plantas de fabricación de semiconductores, así como por modernizar la red eléctrica nacional para apoyar la infraestructura de IA.
Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas de diversos sectores. Una coalición formada por el Electronic Privacy Information Center, el sindicato Writers Guild of America East y el AI Now Institute ha reclamado un "Plan de Acción Popular" alternativo que priorice la seguridad de la IA frente a los intereses de la industria. Estos grupos sostienen que el enfoque de la administración favorece a las empresas tecnológicas en detrimento de cuestiones como la pérdida de empleo, la privacidad y los daños algorítmicos.
Desde la Casa Blanca aseguran que todas las políticas incluidas en el plan pueden implementarse en los próximos 6 a 12 meses, lo que indica un calendario de ejecución acelerado que se alinea con la estrategia tecnológica general de la administración: reducir barreras regulatorias y promover el liderazgo tecnológico estadounidense.