En un importante desafío a la autoridad federal sobre las tecnologías emergentes, un grupo bipartidista de 40 fiscales generales estatales envió el viernes una carta al Congreso oponiéndose a una propuesta republicana que impediría a los estados regular la inteligencia artificial durante la próxima década.
La medida, incluida en la legislación de recortes fiscales del presidente Donald Trump, anularía de inmediato todas las regulaciones estatales sobre IA en todo el país. "Imponer una moratoria general sobre toda acción estatal, mientras el Congreso no actúa en este ámbito, es irresponsable y priva a los consumidores de protecciones razonables", declaró la coalición en su carta.
El grupo incluye a fiscales generales republicanos de Ohio, Tennessee, Arkansas, Utah y Virginia, junto a sus homólogos demócratas de estados como California y Nueva York. Alan Wilson, fiscal general de Carolina del Sur y republicano, fue especialmente crítico: "La IA ofrece un gran potencial, pero también entraña peligros reales, y en Carolina del Sur hemos estado trabajando duro para proteger a nuestros ciudadanos. Ahora, en lugar de aportar soluciones reales, el Congreso quiere atarnos de manos e imponer un mandato único desde Washington sin una dirección clara. Eso no es liderazgo, es extralimitación federal".
Rob Bonta, fiscal general de California, subrayó que la prohibición eliminaría salvaguardas clave para los consumidores que su estado ha implementado, como leyes que prohíben los deepfakes generados por IA en la publicidad política, que obligan a los proveedores sanitarios a notificar a los pacientes cuando interactúan con sistemas de IA, y que impiden decisiones automatizadas sobre la necesidad médica sin supervisión de un médico.
La disposición fue impulsada por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes como parte de la reconciliación presupuestaria y afronta un futuro incierto en el Senado, donde las normas de procedimiento podrían impedir su inclusión. Líderes del sector, como Google, han apoyado la moratoria, calificándola de "un primer paso importante tanto para proteger la seguridad nacional como para garantizar el liderazgo estadounidense en IA".
El debate pone de manifiesto la creciente tensión entre la innovación y la regulación en el sector de la IA, en rápida evolución. Mientras las empresas tecnológicas sostienen que un mosaico de regulaciones estatales dificultaría el desarrollo y la competitividad frente a rivales chinos, los funcionarios estatales argumentan que, sin alternativas federales, la moratoria crearía un peligroso vacío regulatorio para una tecnología que ya está transformando la sociedad estadounidense.