La lucha por decidir quién debe regular la inteligencia artificial en Estados Unidos alcanzó un punto crítico el miércoles, cuando los líderes republicanos y demócratas del Senado se enfrentaron por una controvertida disposición incluida en la amplia legislación presupuestaria del presidente Donald Trump.
En el centro del debate está una propuesta de moratoria federal de 10 años que impediría a los estados regular los sistemas de IA. La disposición ha sido reescrita por el presidente del Comité de Comercio del Senado, Ted Cruz, para vincular el cumplimiento de la prohibición a miles de millones en fondos federales para banda ancha a través del programa de 42.000 millones de dólares para la Equidad, Acceso y Despliegue de la Banda Ancha (BEAD).
Sean O'Brien, presidente de los Teamsters, que intervino en la Convención Nacional Republicana de 2024, se sumó al debate el miércoles con una carta contundente instando al Congreso a eliminar la propuesta. "Simple y llanamente, es un regalo para las grandes empresas tecnológicas, que obtienen beneficios económicos al operar en un vacío regulatorio donde sus decisiones y comportamientos no rinden cuentas ante nadie", escribió O'Brien, expresando su preocupación por la vigilancia de los trabajadores y los vehículos autónomos.
Las principales empresas de IA, como Google y OpenAI, han respaldado la moratoria, argumentando que un mosaico de requisitos estatales diferentes sofocaría la innovación. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, mostró su apoyo en redes sociales, afirmando que la medida pondría fin al "caos de 50 leyes estatales diferentes" y garantizaría que las empresas estadounidenses puedan desarrollar tecnología puntera "sin interferencias de políticos contrarios a la innovación".
Sin embargo, la oposición ha ido en aumento desde una coalición inusual que incluye a fiscales generales estatales de ambos partidos, grupos de defensa de las libertades civiles e incluso algunos senadores republicanos. La senadora Maria Cantwell, demócrata de mayor rango en el comité de comercio, argumentó que la medida obliga a los estados a "elegir entre proteger a los consumidores y ampliar infraestructuras críticas de banda ancha en las comunidades rurales".
La situación es especialmente delicada dada la rápida evolución de la IA. Solo en 2025, los legisladores estatales presentaron más de 1.000 proyectos de ley relacionados con la IA, y 28 estados aprobaron al menos 75 nuevas medidas. Los críticos advierten que una pausa regulatoria de una década dejaría a los consumidores desprotegidos frente a daños emergentes de la IA que aún podrían no ser evidentes.
Mientras el Senado se prepara para votaciones cruciales esta semana, el destino de la disposición sigue siendo incierto, y su resultado probablemente marcará el panorama regulatorio para el desarrollo de la IA en Estados Unidos durante los próximos años.