En un desafío significativo a la autoridad federal sobre tecnologías emergentes, un grupo bipartidista de 40 fiscales generales estatales envió el viernes una carta al Congreso oponiéndose a una propuesta republicana que impediría a los estados regular la inteligencia artificial durante la próxima década.
La medida, incluida en la legislación de recortes fiscales del presidente Donald Trump, anularía de inmediato todas las regulaciones estatales sobre IA a nivel nacional. "Imponer una moratoria general sobre toda acción estatal, mientras el Congreso no actúa en este ámbito, es irresponsable y priva a los consumidores de protecciones razonables", afirmó la coalición en su carta.
El grupo incluye a fiscales generales republicanos de Ohio, Tennessee, Arkansas, Utah y Virginia, junto con sus homólogos demócratas de estados como California y Nueva York. Alan Wilson, fiscal general de Carolina del Sur y republicano, fue especialmente crítico: "La IA trae consigo grandes promesas, pero también grandes peligros, y en Carolina del Sur hemos trabajado arduamente para proteger a nuestros ciudadanos. Ahora, en lugar de ofrecer soluciones reales, el Congreso quiere atarnos las manos e imponer un mandato uniforme desde Washington sin una dirección clara. Eso no es liderazgo, es extralimitación federal".
El fiscal general de California, Rob Bonta, enfatizó que la prohibición eliminaría protecciones clave para los consumidores que su estado ha implementado, incluyendo leyes que prohíben los deepfakes generados por IA en publicidad política, que requieren que los proveedores de salud notifiquen a los pacientes cuando interactúan con sistemas de IA, y que impiden decisiones automatizadas sobre necesidad médica sin supervisión de un médico.
La disposición fue impulsada por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes como parte de la conciliación presupuestaria y enfrenta un futuro incierto en el Senado, donde las reglas de procedimiento podrían impedir su inclusión. Líderes de la industria como Google han apoyado la moratoria, calificándola como "un primer paso importante tanto para proteger la seguridad nacional como para asegurar el liderazgo estadounidense en IA".
El debate resalta la creciente tensión entre innovación y regulación en el sector de IA, que evoluciona rápidamente. Mientras las empresas tecnológicas argumentan que un mosaico de regulaciones estatales obstaculizaría el desarrollo y la competitividad frente a rivales chinos, los funcionarios estatales sostienen que, sin alternativas federales, la moratoria crearía un vacío regulatorio peligroso para una tecnología que ya está transformando la sociedad estadounidense.