La disputa sobre quién debe regular la inteligencia artificial en Estados Unidos alcanzó un punto crítico el miércoles, cuando los líderes republicanos y demócratas del Senado se enfrentaron por una disposición polémica en la amplia legislación presupuestaria del presidente Donald Trump.
En el centro del debate está una propuesta de moratoria federal de 10 años que impediría a los estados regular los sistemas de IA. La disposición fue reescrita por el presidente del Comité de Comercio del Senado, Ted Cruz, para vincular el cumplimiento de la prohibición con miles de millones de dólares en fondos federales para banda ancha a través del programa de Equidad, Acceso y Despliegue de Banda Ancha (BEAD, por sus siglas en inglés), que cuenta con un presupuesto de 42 mil millones de dólares.
Sean O'Brien, presidente del sindicato Teamsters, quien habló en la Convención Nacional Republicana de 2024, se sumó al debate el miércoles con una carta enérgica instando al Congreso a eliminar la propuesta. "Simple y llanamente, es un regalo para las grandes empresas tecnológicas que obtienen valor económico al operar en un vacío sin regulación, donde sus decisiones y comportamientos no rinden cuentas ante nadie", escribió O'Brien, señalando preocupaciones específicas sobre la vigilancia a trabajadores y los vehículos autónomos.
Las principales empresas de IA, incluyendo Google y OpenAI, han respaldado la moratoria, argumentando que un mosaico de requisitos estatales diferentes sofocaría la innovación. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, expresó su apoyo en redes sociales, afirmando que la medida pondría fin al "caos de 50 leyes estatales diferentes" y permitiría que las empresas estadounidenses desarrollen tecnología de punta "sin interferencia de políticos antiinnovación".
Sin embargo, la oposición ha crecido desde una coalición inusual que incluye fiscales generales estatales de ambos partidos, grupos de libertades civiles e incluso algunos senadores republicanos. La senadora Maria Cantwell, demócrata de mayor rango en el comité de comercio, argumentó que la medida obliga a los estados a "elegir entre proteger a los consumidores y expandir la infraestructura crítica de banda ancha para las comunidades rurales".
La situación es especialmente delicada debido al rápido avance del desarrollo de la IA. Tan solo en 2025, legisladores estatales presentaron más de 1,000 proyectos de ley relacionados con IA, y 28 estados promulgaron al menos 75 nuevas medidas. Los críticos advierten que una pausa regulatoria de una década dejaría a los consumidores desprotegidos ante daños emergentes de la IA que aún podrían no ser evidentes.
Mientras el Senado se prepara para votaciones cruciales esta semana, el destino de la disposición sigue siendo incierto, y su resultado probablemente dará forma al panorama regulatorio del desarrollo de la IA en Estados Unidos durante los próximos años.