En una victoria histórica para los derechos de privacidad de los consumidores, Google acordó pagar $1,375 millones de dólares para resolver demandas presentadas por el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, por presuntas prácticas ilegales de recolección de datos.
El acuerdo, anunciado el 9 de mayo de 2025, resuelve dos demandas presentadas en 2022 que acusaban al gigante tecnológico de rastrear ilegalmente la ubicación de los usuarios incluso cuando habían desactivado la configuración de ubicación, recolectar datos biométricos sin el consentimiento adecuado y engañar a los usuarios sobre las protecciones de privacidad ofrecidas por el modo Incógnito de Chrome.
"Durante años, Google rastreó en secreto los movimientos de las personas, sus búsquedas privadas e incluso sus huellas de voz y geometría facial a través de sus productos y servicios", declaró Paxton en un comunicado. "Este acuerdo de $1,375 millones es una gran victoria para la privacidad de los texanos y envía un mensaje claro a las empresas de que pagarán por abusar de nuestra confianza".
Las demandas alegaban que Google violó la Ley de Captura o Uso de Identificadores Biométricos de Texas al recolectar millones de identificadores biométricos, incluyendo geometría facial y huellas de voz, a través de servicios como Google Fotos, Google Assistant y Nest Hub Max sin obtener el consentimiento informado de los usuarios.
El vocero de Google, José Castañeda, señaló que la empresa no admitió ninguna falta ni responsabilidad en el acuerdo. "Esto resuelve una serie de reclamos antiguos, muchos de los cuales ya han sido solucionados en otros lugares, relacionados con políticas de productos que hemos cambiado hace tiempo", afirmó Castañeda. El acuerdo no exige que Google realice cambios adicionales en sus productos o prácticas de privacidad.
El acuerdo de $1,375 millones supera ampliamente acuerdos previos de privacidad con Google, incluyendo uno de $391 millones alcanzado por una coalición de 40 estados y el acuerdo de $93 millones con California. Llega casi 10 meses después de que Texas lograra un acuerdo similar de $1,400 millones con Meta por la presunta recolección y uso no autorizados de datos de reconocimiento facial.
A medida que las empresas tecnológicas enfrentan un mayor escrutinio regulatorio sobre sus prácticas de recolección de datos, este acuerdo marca un momento significativo en la lucha por los derechos de privacidad digital y señala que los estados están adoptando una postura más agresiva para hacer cumplir las leyes de protección al consumidor contra las grandes tecnológicas.