En un avance significativo para la gobernanza de la inteligencia artificial en Estados Unidos, Texas se ha posicionado como líder en la regulación estatal de la IA con la aprobación de la Ley de Gobernanza Responsable de la Inteligencia Artificial de Texas (TRAIGA).
Firmada por el gobernador Greg Abbott el 22 de junio de 2025, TRAIGA crea un marco equilibrado que aborda tanto el uso gubernamental como el del sector privado de la tecnología de IA. La legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2026, convirtiendo a Texas en el segundo estado, después de Colorado, en promulgar una legislación integral sobre IA.
TRAIGA prohíbe el desarrollo o despliegue de sistemas de IA diseñados para manipular el comportamiento humano, discriminar ilegalmente contra clases protegidas o infringir derechos constitucionales. Para las entidades gubernamentales, la ley exige requisitos de transparencia, incluyendo la divulgación clara a los consumidores cuando estén interactuando con sistemas de IA.
Una innovación clave en el enfoque de Texas es la creación de un programa de entorno regulatorio controlado (sandbox) que permite a los desarrolladores probar nuevos sistemas de IA en un ambiente controlado, con exenciones temporales de ciertas regulaciones estatales. Esta disposición busca fomentar la innovación manteniendo la supervisión pública. Los participantes deben presentar informes trimestrales sobre el desempeño del sistema, medidas de mitigación de riesgos y retroalimentación de las partes interesadas.
La ley también establece el Consejo de Inteligencia Artificial de Texas, un órgano asesor de siete miembros adscrito al Departamento de Recursos de Información del estado. Este consejo supervisará el uso de la IA en el gobierno estatal, identificará prácticas dañinas, recomendará actualizaciones legislativas e identificará reglas que puedan estar afectando la innovación.
La autoridad de aplicación recae exclusivamente en el Fiscal General de Texas, con sanciones civiles que van desde $10,000 hasta $200,000 por infracciones, además de multas diarias adicionales por violaciones continuas. La ley incluye un periodo de notificación y subsanación de 60 días para los infractores y ofrece protecciones de puerto seguro para organizaciones que cumplan sustancialmente con marcos reconocidos de gestión de riesgos en IA.
Cabe destacar que el enfoque de TRAIGA para la mitigación de sesgos se centra en prohibir la discriminación intencional, en lugar de abordar el impacto dispar, estableciendo explícitamente que el impacto dispar por sí solo no puede demostrar intención discriminatoria.
Mientras los legisladores federales continúan debatiendo la regulación nacional de la IA, el enfoque integral de Texas podría servir como modelo para otros estados y potencialmente influir en el desarrollo de estándares federales en este campo en rápida evolución.